La constructora brasileña Odebrecht y sus empresas filiales fueron condenadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a pagar, junto con otros responsables, más de $3.693 millones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los perjuicios derivados de la terminación anticipada del contrato de concesión de Ruta del Sol II.
El Tribunal estableció que la adjudicación del proyecto y posteriores modificaciones contractuales estuvieron relacionadas con actuaciones fraudulentas que terminaron ocasionando un daño a la entidad estatal.
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Además de las sociedades vinculadas a Odebrecht, el Tribunal declaró responsables a Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (en liquidación) y a Gabriel Ignacio García Morales, exgerente del extinto Instituto Nacional de Concesiones (INCO), al considerar que tuvieron una participación determinante en los hechos de corrupción que rodearon el contrato.
Para sustentar su decisión, la corporación tuvo en cuenta, entre otros elementos, decisiones adoptadas en procesos penales que condenaron a García Morales por delitos relacionados con el escándalo de Ruta del Sol II.
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El Tribunal también concluyó que existió una responsabilidad concurrente de la propia entidad estatal, debido a que las actuaciones del entonces director del INCO debieron ser advertidas y evitadas mediante mecanismos adecuados de vigilancia y control. Por esta razón, la condena fue reducida en un 50%.
En el mismo proceso, la corporación determinó que CSS Constructores no debía responder por los perjuicios, al no encontrar elementos suficientes que permitieran atribuirle responsabilidad en los hechos que ocasionaron el daño.
La suma ordenada a favor de la ANI deberá ser asumida de manera proporcional por los responsables, de acuerdo con el grado de participación establecido por el Tribunal en los hechos de corrupción que rodearon la concesión de Ruta del Sol II.
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